LEY CONTRA LAVADO DE DINERO EN MÉXICO

Fuente: Índigo Media

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia entrará en vigor esta semana. Sin embargo, su puesta en marcha completa tendrá que esperar, pues el reglamento aún no es publicado por las autoridades, que cuentan todavía con 30 días para su elaboración.

La nueva ley considera vulnerables, de acuerdo con el artículo 17, las siguientes actividades:

-Juegos de apuestas

-Concursos o sorteos

-Emisión y comercialización de tarjetas de servicios p de crédito no bancarias

-Cheuques de viajero

-Prestación de operaciones de mutuo, de garantía, de crédito o préstamos realizada por personas distintas a las entidades financieras

-Compraventa de inmuebles y joyería

-Distribuidores de autos, comercialización de vehículos aéreos y marítimos.

-Empresas que dan servicio de blindaje y que trasladan valores o dinero.

Los intermediarios financieros estarán obligados a identificar a sus clientes y reportar operaciones sospechosas. Del mismo modo tendrán que actuar las asociaciones y fundaciones inmobiliarias, los notarios, corredores, fedatarios públicos, agentes aduanales y joyeros. Los datos de sus clientes deberán permanecer en sus registros por 10 años.

Los bancos deberán reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a los clientes que de manera mensual gasten 80,000 pesos o más.

Las disposiciones relativas a la obligación de presentar avisos ante la SHCP, así como las restricciones para hacer operaciones en efectivo, entrarán en vigor a los 60 días siguientes a que esté en marchar el reglamento de esta ley.

Queda establecida también la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, que tendrá carácter de ministerio público y deberá instrumentar mecanismos de análisis de la información financiera y contable que pueda ser utilizada para detectar operaciones ilícitas.

Otra de las nuevas facultades está que el personal de la SHCP podrá llevar a cabo visitas de verificación en cualquier momento a estas empresas para corroborar que cumplen con la ley.

De no cumplirse la ley, las multas económicas van de 623,300 pesos a más de 4 millones, además de que pueden ser sujetos a penas corporales y cárcel de dos hasta diez años.

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